Ley contratos sector publico noticias

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Artículo 129. Información sobre las obligaciones relativas a la fiscalidad, protección del medio ambiente, empleo y condiciones laborales y de contratar a un porcentaje específico de personas con discapacidad.
Disposición adicional decimonovena. Conciertos para la prestación de asistencia sanitaria y farmacéutica celebrados por la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, la Mutualidad General Judicial y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
Disposición adicional vigésima cuarta. Régimen jurídico de la «Empresa de Transformación Agraria, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSA), y de su filial «Tecnologías y Servicios Agrarios, S. A., S. M. E., M. P.» (TRAGSATEC).
Disposición adicional cuadragésima séptima. Principios aplicables a los contratos de concesión de servicios del anexo IV y a los contratos de servicios de carácter social, sanitario o educativo del anexo IV.
Disposición transitoria segunda. Determinación de cuantías por los departamentos ministeriales respecto de las entidades que tengan la consideración de poder adjudicador y que estén adscritos a los primeros.

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a) Régimen de los encargos a medios propios. Se suprime, tanto en el artículo 32 como en el 33, el trámite de justificar en la Memoria integrante de las Cuentas Anuales del medio propio la justificación del cumplimiento del requisito de actividad a favor del ente de control del 80 por ciento de su actividad. Obviamente, el requisito, por exigencia, se mantiene, y deberá justificarse anualmente su cumplimiento.
Asimismo, este Real Decreto ley (art. 69) se decanta por el uso de la técnica de sociedad de economía mixta para la adjudicación de los PERTE, advirtiendo que, en todo caso, en la selección de los socios privados de dicha sociedad deberán aplicarse las exigencias de la Disposición Adicional 29 LCSP.
El artículo 58 determina que el plazo del recurso especial se reduce a 10 días (opción compatible con la Directiva europea “recursos”) con al obligación de resolver por parte de los órganos de recursos contractuales en un plazo máximo de 5 días. Esto implica que en su tramitación existe preferencia para su resolución, lo que obligará a los órganos de recursos contractuales a impulsar con celeridad estas reclamaciones.

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1180_04/10/21.- HACIENDA APRUEBA DOS ÓRDENES MINISTERIALES QUE CONFIGURAN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LOS FONDOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN. El BOE del pasado jueves 30 de septiembre publica estas normas que suponen un gran avance para configurar el sistema de seguimiento y suministro de información sobre el cumplimiento de los hitos y objetivos necesarios para recibir los recursos de la UE. En concreto, estas normas definen el sistema de información y gestión, así como el suministro de información para hacer efectiva una evaluación sobre el cumplimiento de los hitos y objetivos contemplados en dicho Plan, tal y como exige la Comisión Europea para transferir los recursos.
Tenemos así, por lo tanto, un ente que, desarrollando actividad institucional, se llama de modo muy similar (a pesar de su acrónimo UNE) a otra entidad que, a pesar de su calificación como “Asociación” no deja de ser una entidad que desarrolla actividades mercantiles.
Esta confusión (totum revolutum) a la que llevan esos nombres, acrónimos, etc., sería ciertamente cuestionable entre dos entidades, cualesquiera que sean los objetos de su actividad. Ahora bien, que tal confusión se dé en casos en que, como el presente, una de estas entidades (UNE) tenga por finalidad crear normas que, a través de un marco transparente, ayuden a mejorar la calidad y seguridad de los agentes intervinientes en la actividad económica, y que la otra (AENOR) tenga por finalidad certificar este hecho, resulta a nuestro entender inaceptable.

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La Ley está compuesta por un Título Preliminar, 4 Libros, 53 disposiciones adicionales, 5 disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria, 16 disposiciones finales y 6 anexos; frente al Título Preliminar, 5 Libros, 36 disposiciones adicionales, 10 disposiciones transitorias, 6 disposiciones finales y 3 anexos que conformaban el Real Decreto Legislativo 3/2011.
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido.
I. Título Primero, denominado “órganos competentes en materia de contratación” incluye cuatro capítulos dedicados sucesivamente a: (i) los órganos de contratación (artº 323 a 325); (ii) los órganos de asistencia (artº 326 y 327); (iii) los órganos consultivos (328 a 334); y (iv) la elaboración y remisión de informes (artº 335 y 336)

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